Su realización se ha incrementado progresivamente con la normalización asistencial posterior a la pandemia del Coivd-19, al igual que las mediciones para la detección precoz de la fragilidad que, en el mismo periodo, ascendieron a 187.839. Muchos de ellos han sido sometidos a ambas pruebas.

Estos exámenes los ejecutan, con carácter general, los profesionales de Enfermería. En el primer caso, se encargan de valorar si el usuario necesita ayuda para actividades cotidianas como comer, desplazarse, vestirse o cuidar su aseo personal. Para ello, utilizan el denominado Índice de Barthel que determina si presenta algún grado de deterioro funcional.

En el segundo, evalúan situaciones de debilidad y riesgo de caída en personas independientes o con dependencia escasa. Para ello, se registra la velocidad de la marcha, el equilibrio o la capacidad para levantarse de una silla. El objetivo, en este caso, es evitar posibles fracturas y otras complicaciones. 

Estas valoraciones también ayudan a individualizar, en función del resultado de las pruebas, los planes asistenciales que hay que aplicar. En muchos casos las intervenciones más adecuadas se basan en promover una alimentación saludable y en el ejercicio físico adaptado.

Tanto las revisiones como las mediciones de fragilidad se llevan a cabo aprovechando que los usuarios acuden a consulta, pero también través de la captación activa y búsqueda de quienes, perteneciendo a la población diana, no se las han realizado.

Para ello, los profesionales de Enfermería cuentan con la colaboración de las áreas de Medicina de Familia, Fisioterapia y otros miembros de los equipos de Atención Primaria. También, con la implicación del entorno familiar, que contribuye a que la persona mayor se sienta apoyada en estos exámenes y en los cuidados posteriores que precise.